La crisis hondureña estalló con toda su carga política-ideológica dividiendo las ópticas de los actores del drama latinoamericano. Desde el ciudadano común hondureño, hasta las esferas intelectuales regionales, pasando por todas las naciones americanas --incluyendo a los Estados Unidos-- todos, han tomado parte por uno de los dos grandes puntos de vista respecto a los acontecimientos: los que condenan la asonada y los que la apoyan, sea o no golpe de estado.
En Honduras, el enfoque mayoritario de condena al golpe militar no ha existido, sobre todo –repito-- dentro del país, donde existe una mayoría institucional (y aparentemente popular) que apoya lo sucedido. Externamente sin embargo, el enfoque es diametralmente opuesto, sobre todo entre los gobiernos del área, temerosos que se extienda el dudoso procedimiento usado.
No obstante la fuerte división de criterios existente, hay tres enfoques más o menos unánimes, comunes en ambos grupos de opinión: primero, que la manera como Zelaya fue destituido es inconstitucional; segundo, que las Instituciones del estado hondureño apoyaron la destitución del presidente Zelaya; y tercero, que el castro-chavismo jugó un papel relevante en lo sucedido.
Basado en estos tres elementos argumentales, reconocidos por “griegos y troyanos” (sobre todo entre los hondureños, la opinión pública latinoamericana y los gobiernos del área no comprometidos con el castro-chavismo) pasaremos a profundizar en los acontecimientos.
La base de discusiones ha sido centrada --astutamente por uno de los grupos-- en aspectos maniqueos de ‘apoyo o condena’ a un “golpe militar”, lo cual deja sin razones a una de las partes. Sin embargo, discutiendo precisamente este argumento, vale la pena profundizar en los “valores” asociados al mismo: ¿Cuál es la jerarquía en el orden de ‘valores’ implícitos? Por ejemplo, en tres preguntas: ¿Es el principio de ‘inconstitucionalidad’ jerárquicamente superior al principio de ‘no intervención’? ¿Para una Nación específica, tiene más validez sus compromisos internacionales, que la decisión unánime de sus Instituciones internas? ¿La acción internacional decurrente de sus compromisos, está por encima del criterio unánime de sus Instituciones?
Profundizando en la primera pregunta --sobre la ‘inconstitucionalidad’ y la ‘no intervención’-- vemos que hay dos aspectos diferentes: Por un lado, la intervención externa fidelo-chavista en la política hondureña, que violó la Constitución y que el presidente Zelaya siguió a pesar del veto de las autoridades competentes (la “consulta” que le costó el cargo). Esta violación fidelo-chavista es doble: es inconstitucional e es intervencionista. Por otro lado, la intervención de dignatarios extranjeros (y la OEA) imponiendo acuerdos decurrentes de compromisos previos de Honduras. Como la intervención de la OEA es decurrente de sucesos motivados por la intervención fidelo-chavista previa, ésta significaría que, al aceptar las decisiones de la OEA, Honduras santificaría la intervención fidelo-chavista originaria, lo cual es un absurdo, tanto para las Instituciones hondureñas, como para el resto de los demócratas latinoamericanos.
Un mandatario latinoamericano, el presidente colombiano Álvaro Uribe, se ha pronunciado contra la intervención externa en Honduras. Es claro que esta intervención extrapola los derechos de la OEA, cuando determinados presidentes extranjeros se han dispuesto a viajar a Honduras para tratar de imponer un presidente ya depuesto por el Congreso.
Este cuestión nos lleva de la mano a la tercera pregunta formulada arriba, referida a jerarquizar la intervención internacional por sobre los intereses internos de la sociedad hondureña. Ningún país, ni ninguna Constitución, colocan ni pueden colocar los intereses políticos decurrentes de compromisos legales contraídos en el exterior, por encima de los intereses nacionales, sobre todo si los compromisos internacionales apoyan el rumbo de cambiar la Constitución, según lineamientos reconocidamente ideológicos del foco fidelo-chavista. Es el caso de Honduras.
En Honduras, Zelaya cometió sucesivas violaciones de la ley contra el obligatorio balance entre los poderes del estado (con lo cual violó la Constitución), junto a acciones que incluyeron el incentivo y apoyo al asalto a una unidad militar por parte de elementos ajenos a las fuerzas armadas, todo lo que provocó ‘otra’ violación de la Constitución por parte del ejército contra el presidente. Es un violador de la Constitución, al que se le paga con acciones que también violaron la ley magna de la Nación. Hasta ahí las ilegalidades. Acto seguido el ejército salió del escenario y el Congreso destituyó al presidente Zelaya y nombró a su sucesor constitucional.
Está claro para todos por ejemplo, que el ejército violó la Constitución al apresar y expulsar a Zelaya del país sin haber sido previamente destituido por el Congreso. Está claro también para todos que Zelaya previamente violó la Constitución al pasar por alto ordenes constitucionales de los otros poderes del estado (Judicial y Legislativo) pasando por encima de normas y atributos propios de tribunales electorales. Violó además peligrosamente las leyes cuando promovió un asalto civil a una unidad militar. Una violación sobre otra, ha provocado la crisis.
En la actualidad, ni el más acérrimo crítico o enemigo de Zelaya duda de que el mismo fue electo democráticamente por el pueblo hondureño. Lo que se objeta es, que esa elección fue ganada por un Zelaya que detentaba una ideología y un plan de gobierno que posteriormente cambió --engañando a sus electores-- por otra ideología foránea, el fidelo-chavismo, condenada por la abrumadora mayoría de la sociedad y el pueblo hondureño, como se desprende del apoyo que su destitución tiene entre las Instituciones del país y las diversas clases sociales.
En Honduras ha habido una prisión y una deportación inconstitucional de su presidente, que posteriormente el Congreso y el Poder Judicial, además de los partidos políticos, la Iglesia y otras Instituciones de la sociedad civil hondureña, han refrendado, aprobándola.
En el contexto latinoamericano, el análisis es más simple. Ha habido una asonada militar contra el presidente de Honduras, inmediatamente sacramentada legalmente por el resto de los poderes del estado. Si bien ha habido golpe de estado, todas las Instituciones hondureñas, incluyendo las de la sociedad civil, han sacramentado el golpe, nombrando un sucesor civil constitucional del presidente depuesto. Hurgando en la razón de este extraño proceder, sale a la luz la intervención extrajera previa del fidelo-chavismo, que conspiraba desde la presidencia de Zelaya contra el estado democrático hondureño, para imponer un régimen ajeno a los intereses de la sociedad nacional y apoyando el golpe contra Zelaya, porque lo interpretan como la manera de librase de una ideología ajena en implantación desde la presidencia.
La demostración de que el castro-chavismo ha sido el causante de la crisis hondureña, viene dado por varias razones: primero, son los países agrupados en esa ideología (Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia) los que con más virulencia atacan las autoridades hondureñas actuales; segundo, Chávez se ha sentido en el derecho de amenazar militarmente al país; tercero, la dictadura cubana enarbola nada menos que la Carta Democrática de la OEA.
Esta inédita situación político-ideológica demanda una postura consecuente, no sólo apoyando o condenando el “golpe”, sino en fase con el conocido intento castro-chavista de imponer un régimen fracasado a toda Latinoamérica, origen de este intento de asalto solapado a las Instituciones hondureñas. Los que apoyan el castro-chavismo en la región, harán votos en favor de derrocado presidente Zelaya. Los que prefieren la libertad e independencia de sus países, apoyarán a los demócratas hondureños frente a los intentos político-ideológicos foráneos e injerencistas, que mereció este rotundo “hondurazo” propinado contra el castro-chavismo.
La disyuntiva no es a favor o en contra del golpe. Es a favor o en contra del castro-chavismo.
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